Register

Anuncio
Anuncio
Anuncio

Auspician

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

casux banner

Estadisticas

Mostrar el contenido por clics : 1460787

Grooming







Superior Tribunal de Justicia de Jujuy

Escrito por  Editor

 Autos: Martínez, Jorge y otros vs. Limpieza Urbana S.A. s. Recurso de inconstitucionalidad  
Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, 29/02/2012  
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintinueve días del mes de febrero del año dos mil doce, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores Clara A. De Langhe de Falcone, José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Marcelo Jenefes y la señora vocal de la Cámara en lo Civil y Comercial, Dra. Noemí Adela Demattei de Alcoba, por habilitación y bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº 8102/11, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B-192968/08 (Sala II Tribunal del Trabajo) Demanda Laboral: Martínez, Jorge; Casas Raúl y otros c/ Limpieza Urbana S.A.", del cual, La Dra. de Falcone, dijo: La Sala II del Tribunal del Trabajo admitió la demanda interpuesta por dependientes de la empresa Limpieza Urbana S.A. para establecer la remuneración que deberán percibir los demandantes en su calidad de supervisores y controladores de personal, entre otras tareas, reconociéndoles además las diferencias salariales resultantes por el periodo no prescripto, es decir, desde marzo del año 2.006 hasta agosto de 2.008. Difirió el monto de la condena hasta que la perito contable designada en la causa practique la planilla de liquidación correspondiente fijando las remuneraciones de los actores en un porcentaje superior manteniendo la proporción existente entre los años 2000 y 2001; por último estableció los intereses según la tasa pasiva (uso judicial) del Banco Central de la República Argentina, hasta el efectivo pago; impuso las costas a la vencida y difirió la regulación de honorarios profesionales.
En disconformidad con la sentencia el Dr. Martín Durbal Jorge en representación de "Limpieza Urbana S.A." con el patrocinio letrado del Dr. Luis Alfredo Canedi, interpuso recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, a fojas 14/18.
Expresa como agravios que el resolutorio que recurre contiene "defecto de fundamentación normativa", porque ha interpretado de modo incorrecto el artículo 114 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es por ello que considera que el Tribunal sentenciante no está facultado para fijar las remuneraciones de los actores: no existe indeterminación salarial; que no se acreditó que la que perciben sea una remuneración injusta, discriminatoria o insuficiente. Agrega que tampoco puede justificar la aplicación de la norma en el "resultado fundado en la dedicación y antecedentes laborales", porque nada de ello constituye pauta de fijación, y que el Tribunal se extralimitó al interpretar incorrectamente la norma del artículo 114 de la ley de Contrato de Trabajo. Expone que la empresa tuvo en cuenta las tareas a cargo de los supervisores encuadrándolas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130 (empleados de comercio), sin haber disminuido jamás sus remuneraciones.
Alega luego fundamentación aparente en la sentencia del tribunal de grado, agraviándose de lo que consideró "razonable" al momento de establecer la remuneración a percibir por los actores. Dice que tomar como base el porcentual de los años 2.000 y 2.001 "no resulta razonable" y es "incoherente" porque los actores no lo solicitaron, pronunciándose así "ultra petita". Remite a las constancias del cuadro salarial obrante a fojas 436 de la causa principal para afirmar que de allí "surge que desde el año 2000 al 2005, la brecha salarial
benefició a los actores. En consecuencia, tomar los años 2000 y 2001 para determinar el porcentaje es arbitrario pues hasta esa fecha los importes que se abonaron por retribución a los actores fueron aceptados, consentidos y no le causaron agravio alguno". Se queja además de que se tome el mes de marzo de 2.006 (fecha de reclamo mediante carta documento) para determinar el inicio de un supuesto crédito laboral; afirma que en caso de fijarlo los jueces deberá regir para el futuro, porque el derecho debe nacer desde la sentencia y no antes, es decir, alega, que la demandada no se encuentra en mora. Afirma también contradicción y apartamiento de las constancias de la causa. Al respecto sostiene que la empresa no colocó fuera del Convenio Colectivo Nº 40/89 a los peticionantes, sino que ellos directamente lo pactaron y además dicho convenio expresamente es el que excluye a los supervisores de su ámbito. Insiste en que existió incumplimiento del principio de congruencia en
razón de la ausencia de identidad entre lo peticionado por los actores y lo que finalmente se estableciera como remuneración. Brinda los argumentos que entiende justifican cada uno de los agravios que esgrime, los cuales tengo por reproducidos aquí para abreviar, cita jurisprudencia de aplicación al caso y formula reserva del caso federal.
El traslado conferido a la contraria fue respondido a fojas 29/34 por el Dr. Carlos Ariel Meyer en representación de los actores; allí pide el rechazo con costas. El Ministerio Público Fiscal se expidió a fojas 44/48 de estos obrados por la no admisión del recurso de inconstitucionalidad planteado. Firme el llamado de autos y la integración del Tribunal, la causa está para resolver.
En ese orden, adelanto mi voto por la improcedencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, de modo que comparto la opinión del señor Fiscal General.
El Tribunal de grado tuvo especialmente en cuenta que la demanda deducida se sustenta en el hecho de desempeñarse los actores como supervisores en la empresa demandada, percibiendo remuneraciones fuera de convenio aplicable a la actividad de la empresa (40/89); que a raíz de la devaluación, la diferencia en los salarios que percibían como personal superior o jerárquico, se fue atenuando hasta llegar a percibir una retribución menor que la del personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 40/89. Consideró que se quejan, entonces, por el encuadramiento en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75 -como personal administrativo F-, cuando ellos se hallaban fuera de todo convenio.
Luego, de su lado, la demandada sostiene que actuó dentro del marco de la ley que autoriza a establecer la forma y modalidades de la prestación de trabajo, y que el encuadramiento en el Convenio Colectivo de Trabajo de los empleados de comercio fue beneficioso para los actores, y que lo aceptaron al menos hasta marzo del 2008, negando que por vía judicial puedan fijarse las remuneraciones de dicho personal. Acreditado que los actores realizan tareas de supervisores en la empresa de limpieza demandada, llevando a cabo funciones de control, logística, salida de camiones, pago de sueldos al personal en la calle, operativas de mantenimiento, contralor de vestimenta, observación a los operarios, supervisan a choferes de camiones como a barrenderos, etc., hizo mérito de que "conforme surge de los recibos de haberes incorporados a la causa, la categoría laboral consignada es la de Supervisores, al menos hasta mayo del 2007, y a partir de junio del 2007 son encuadrados en convenio Nº 130/75 en la categoría de Administrativo F". Al valorar la pericial contable producida en la causa principal encontró probado que los actores, tal como lo refieren en la demanda, "percibían una remuneración superior a la del resto del personal de convenio, habiéndose con el tiempo achicado la brecha siendo la
progresión de las remuneraciones del personal controlado superior a la de los supervisores, produciéndose lo que en doctrina se conoce como 'solapamiento de categoría', ello como resultado de los incrementos que obtuvieron los gremios en las distintas negociaciones salariales, lo que no sucedió con los Supervisores, que al estar excluidos del convenio todo aumento salarial quedaba sujeto a la voluntad de la empleadora. La perito en su informe (fs. 454/455) da cuenta de los porcentuales en promedio de lo que los actores percibían como remuneración en relación al resto del personal de convenio que estaban bajo su supervisión, de la inversión que se produjo en el progreso salarial, creciendo el salario de los supervisores en un promedio del 225,98 %; mientras que el personal supervisado y encuadrado en convenio tuvo un crecimiento salarial promedio del 541,86 % en el período de diez años". Concluyó que ello brinda la pauta del desfase o desequilibrio que se produjo en las remuneraciones, "percibiendo los actores una remuneración sensiblemente inferior a la de los supervisados, llegándose al final del período analizado a una diferencia salarial del 13,75 % en menos para el caso de los actores". Consideró finalmente que, "resulta indudable que hubo una retracción salarial en los actores", como consecuencia de los incrementos que a través de la negociación salarial obtuvieron los trabajadores de la demandada incorporados al régimen del Convenio Colectivo del Trabajo Nº 40/89, "por lo que el planteo realizado por los actores a fin de mantener una constante en sus remuneraciones no resulta desatinado, sin que justifique tal desigualdad, la incorporación de los Supervisores al CCT 130/75, en la categoría de Administrativo F, advirtiéndose que ello no fue consentido desde el momento que formularon su reclamo por vía extrajudicial en marzo del 2008...".
En lo medular, tales son los fundamentos de la sentencia que se recurre. Como anticipé, no advierto que alguno de los agravios que formula la parte demandada pueda tener favorable acogida. En efecto, es mi parecer que el Tribunal de grado ha actuado dentro de los límites que le marca el artículo 114 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante L.C.T.), y que expresamente contempla supuestos como el que tratamos.
Dice la norma citada que, cuando no hubiese sueldo o salario fijado por convenciones colectivas o actos emanados de autoridad competente o convenidos por las partes, su cuantía será fijada por los jueces ateniéndose a la importancia de los servicios y demás condiciones en que se prestan, al esfuerzo realizado y a los resultados obtenidos.
En el supuesto en tratamiento el tribunal no ha hecho más que establecer una retribución, en forma prudencial y razonable, tomando como pauta orientadora para la proporción, la diferencia que existía entre los sueldos de los actores y la de los supervisados incluidos en convenio colectivo, durante un periodo determinado por el equilibrio entre ambas retribuciones.
De tal manera, le ha devuelto el carácter de salario justo, que había perdido la retribución de los supervisores de la empresa de limpieza urbana demandada, y que surge, especialmente, de la pericial contable practicada que demuestra elocuentemente, el desajuste producido a medida que fueron transcurriendo los años a raíz de la depreciación monetaria sumada al congelamiento de los sueldos de los promotores y a los aumentos recibidos por los inferiores jerárquicos como consecuencia de la negociación colectiva.
Como fue bien ponderado por el Tribunal sentenciante, llevan razón los trabajadores cuando dicen violentado el derecho de igualdad pues se evidencia en la pericial contable como en el documentación agregada y tenida en cuenta para realizarla, que precisamente nos encontramos frente a un típico caso de necesidad de fijación judicial, porque quedó patentizado e indubitado el desajuste producto de la merma en los sueldos.
Es así que -según la pericia agregada a la causa- al comienzo del desequilibrio en la retribución se vuelve notoria la diferencia o brecha entre los salarios de empleados de superior y los de inferior jerarquía, favoreciendo a éstos últimos, para llegar finalmente a superarlos, lo cual resulta absolutamente intolerable, como se expresó antes, sin violentar el principio de salario justo, o de "salario válido", al decir de Justo López.
Producido el "solapamiento de categoría" y encuadrando luego a los actores en un Convenio Colectivo, que en realidad, y contrariamente a lo sostenido por la empleadora, en nada los beneficia ni les corresponde, no advierto otra solución que no sea la adoptada por el Tribunal en la sentencia que se critica.
Es que no es posible en esta materia aceptar el desconocimiento del principio de la igualdad de trato contemplado en el artículo 81 de la L.C.T., que lo consagra expresamente en el ordenamiento legal
especial, a fin de evitar cualquier tipo de discriminación en contra del trabajador, en concordancia, claro está, con la Constitución Nacional al prever dicha garantía en los artículos 16, 14 bis, como la mayoría de las declaraciones, convenciones y pactos internacionales que a su turno el artículo 75 inciso 22 incorpora con jerarquía constitucional, así como, resulta obvio, las normas de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.).
Hace ya tiempo, que nuestro más Alto Tribunal de la Nación se pronunció en el tema de la igualdad de trato remuneratorio. Así entre otros, en el caso "Estrella Fernández contra Sanatorio Güemes" (Fallos 311:1602).
En dicho precedente, similar al planteado en la causa principal, en primer lugar cabe destacar la consagración del principio de paridad de trato (igual remuneración por igual tarea), extendida al ámbito laboral y que comprende el impedimento de discriminación arbitraria, esto es, basada en razones de sexo, edad, religión o raza, no así aquellas que se sustentan en el bien común, como serían las de mayor eficacia, laboriosidad y contracción al trabajo del dependiente, puesto que no es sino una expresión de la regla más general de que la remuneración debe ser justa (Fallos 265:242).
Luego, que la referida extensión de la regla, deriva del principio más amplio de que la garantía de igualdad radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de
circunstancias, doctrina que la Corte ha aplicado reiteradamente al decidir que frente a circunstancias disímiles nada impide un trato también diverso, de manera que queda excluida toda diferencia injusta o que responda a criterios arbitrarios (Fallos 311:1602). Respecto al axioma de fijación adoptado en el fallo, encuentro que es ajustado a derecho, porque no refleja incoherencia ni irrazonabilidad, como erradamente sostiene la recurrente.
En el caso citado, la Corte Suprema de Justicia dejó expuesto, además, que en el ámbito de las relaciones de trabajo cabe definir los términos de la ecuación de tal forma que la aplicación de la garantía de la igualdad pueda efectivizarse sin menoscabo de los derechos de ambas partes, pero también asegurando una interpretación valiosa que no prescinda de las consecuencias que se derivan de cada criterio pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su coherencia con el sistema en que se engarza el mentado principio de igualdad (Fallos 311:1602).
Es decir que, de lo que se trata es de evitar la inequidad del salario, y la pauta que tomó en cuenta el juzgador no se aleja de lo solicitado por las partes al demandar, pues requirieron precisamente que para el ajuste en la fijación se tomara en cuenta que la retribución de quienes tienen a su cargo, ha superado la de ellos. Para el caso, el principio del salario justo y equitativo debe ser interpretado como establecido para los trabajadores sin convenio y por encima de las escalas de convenio, como un derecho a percibir incrementos similares a los que se les reconoció a las categorías "convencionadas" bajo su mando (Cámara Nacional del Trabajo, Sala IV, "Norese, Fernando y otro c/ Siam S.A.", 20 de noviembre de 1988). En línea con el pensamiento que vengo desarrollando también se ha expresado que "parece inequitativo y contrario al salario justo, reconocer aumentos derivados de la ley o del convenio colectivo a personal de categorías inferiores y negarlos en proporción análoga a quienes, por su condición jerárquica, se hallan fuera del ámbito de las normas legales o convencionales" (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IV, "Cainzoz, Jorge c/ Banco Coop. Ltdo., 12 de diciembre de 1.995).
Es que tampoco resulta una interpretación razonable la que efectúa la empleadora para defenderse, respecto a que encuadró a los promotores en el Convenio Colectivo de Trabajo de los Empleados de Comercio, cuando expresamente, como también lo sostiene la recurrente, están excluidos del convenio que reúne a sus subordinados. El pretendido encuadramiento en dicho convenio no dio solución al desajuste. En tal sentido la Corte Suprema ha establecido que "por la forma de celebración de las convenciones colectivas de trabajo, en razón de la actividad o de la profesión, y habida cuenta de la uniformidad que supone su aplicación obligatoria, la comparación de baremos es fundamental a los fines -entre otros- de la determinación externa del aspecto salarial, pero, en cambio, el mandato legal de equidad que surge de las pautas del mentado artículo 81, está dirigido al ámbito interno de la empresa". Para rematar en que "el empleador está facultado para fijar sus propias estructuras salariales, cuando mejoran las de las convenciones colectivas, las que cabe inferir, que en el caso, se establecieron sobre bases de análisis de puestos y del desempeño de sus dependientes, en condiciones de rentabilidad ya que ello responde a una razonable organización empresarial" (del voto de los jueces Petracchi y Bacqué). Por último y en concordancia con lo razonado hasta aquí, estimo que pretender impedir que el reconocimiento del derecho de los peticionantes carezca de carácter retroactivo y, por ende, que no se deban abonar diferencias salariales, resulta inadmisible. Esto así, porque considerar que la atribución ejercida por la vía del artículo 114 de la L.C.T. sólo opera para el futuro significaría tanto como aceptar que lo que fue injusto no tiene reparación (Conforme Juan
Carlos Fernández Madrid, en Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Anotada, Tomo II, L. L., página 1310; en idéntico sentido Jorge Rodríguez Mancini Ley de Contrato de Trabajo, L. L., Tomo III, página 165).
Queda descartado, entonces, que la conclusión a la que arribara el Tribunal de grado para admitir la demanda adolezca del vicio de incongruencia ni, menos aún, de irrazonabilidad. Como corolario de ello, la sentencia pronunciada por la Sala II del Tribunal del Trabajo constituye un acto jurisdiccional válido porque es una derivación razonada del derecho vigente con estricto apego a las constancias de la causa. Por todo lo expuesto y el dictamen del Ministerio Público, cuyos términos tengo por reproducidos, doy mi voto por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Martín Durbal Jorge con el patrocinio letrado del Dr. Luis Alfredo Canedi. Las costas deberá cargarlas la parte vencida (artículo 102 del Código Procesal Civil) y diferirse la regulación de los honorarios profesionales hasta que exista base firme para su determinación y se pueda aplicar el artículo 11 de la ley arancelaria local.
Los Dres. del Campo, Bernal, Jenefes y Demattei de Alcoba, adhieren al voto que antecede. Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

Resuelve: 1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Martín Durbal Jorge con el patrocinio letrado del Dr. Luis Alfredo Canedi. 2º) Imponer las costas al recurrente vencido y diferir la regulación de los honorarios profesionales. 3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula. Firmado: Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone - Dr. José Manuel del Campo - Dra. María Silvia Bernal - Dr. Sergio Marcelo Jenefes - Dra. Noemí Adela Demattei de Alcoba (Habilitada).

Últimas Notas

Copyright © 2014. Vista de Causa. Designed by Shape5.com