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Tasa: Doctrina de la SCBA

Escrito por  Dr. Reinaldo E. Gross

 

No solo atrasa sino que contradice todo el sistema jurÍdico y los fallos de la Corte Suprema de Justicia.

 

 

Vamos a formular una aclaración respecto del titulo de la presente nota.
No haremos una crítica personal de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ya sea como especialistas jurídicos como en sus personalidades. Tampoco a la Institución cabeza del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.  Entonces, solamente haremos una crítica iuslaboralista de la doctrina del Tribunal sobre la tasa pasiva que considera aplicable y ajustada a derecho en los juicios laborales.
En primer lugar, decimos que atrasa, ya que no tiene en cuenta los avances del Derecho Social a comienzos del Siglo XX, sino que aplica un pensamiento legal cerca no a los comienzos del otro siglo (XIX), siendo contradictorio con  el propio Código Civil, en especial el artículo 622, donde se dice que el interés moratorio debe ser el que resulte de: 1) acuerdo de partes. 2) o del régimen legal especifico aplicable. 3) en ausencia de ambos, sera el que dije el juez en cada caso concreto.
Como resulta de la lógica liberal y de la igualdad de las partes del Código Civil la primera preferente es la autonomía de la voluntad de las partes.
Pero dentro de la orbita propia de las relaciones de trabajo, la hiposuficiencia del trabajador (al decir del Gran Jurista Brasilero Cesarino Júnior) le impide a este Negociar con su empleador una tasa de interés, para el caso en que aquel incurra en mora en el pago de los créditos laborales.
Esta inferioridad anula la posibilidad del interés convencional, debe ser compensa da por cualquiera de los otros mecanismos dos mecanismos (legal o judicial) para la fijación de la tasa de interés por mora. Es la función propia del legislador laboral y del juez del trabajo.
El legislador deberá tener presente la norma imperativa del articulo 14 bis de la Constitución Nacional, debiendo corregir con sentido protectorio (“El trabajo en sus diversas formas gozara de la protección de las leyes “) esos desequilibrios de base inherentes a toda relación de trabajo.
El Juez del Trabajo, que debe ser imparcial pero no neutral, también debe esforzarse por nivelar, en cuanto pueda ser materia de decisión, aquellas desigualdades sustanciales (Art. 16 y 75 inciso 23 de la Constitución Nacional y el antiguo articulo 19 del texto originario de la Ley 20.744 “las desigualdades que creara esta ley a favor de una de las partes, solo se entenderán como forma de compensar otras que de por si se dan en la relación “, actualmente vigente).
Para fijar la tasa de interés moratoria tanto el Juez como el Legislador del Trabajo deben respetar los derechos constitucionales clásicos, de modo de no agravar el daño (Articulo 19 de la Constitución Nacional), ni afectar el derecho de propiedad de los trabajadores (artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional), así como los derechos específicos del trabajo (Articulo 14 Bis de la Constitución Nacional).
Siendo el crédito laboral fundamentalmente alimentario, la tasa de interés, legal o judicial, debe ser adecuada para alentar el pago inmediato de las obligaciones pendientes, para desalentar extensos litigios judiciales y que sean suficientes para compensar las deudas que pudiere haber tomado el trabajador en substitución de acreencia impaga.
La tasa pasiva de los bancos oficiales es claramente inadecuada para prevenir largos litigios judiciales y, al contrario, constituye un factor que contribuye a saturar la actividad judicial, tanto alienta las especulaciones financieras de los deudores moroso, quienes, subsidiados de esta forma, en lugar de cancelar prontamente sus deudas laborales, obtienen la posibilidad de favorecerse con la inversión del capital ajeno hasta agotar todas las alternativas procesales y recursivas.
Es irrazonable la tasa de interés cuando no alcanza siquiera a mantener incólume el contenido económico del crédito (Articulo 8 del Decreto 529/91 modificado por el Decreto 941/91).  A esos fines, es indispensable analizar y comparar la evolución de la tasa de interés y de las variaciones de índices de precios al consumidor.
El interés moratorio reviste una indiscutible naturaleza resarcitoria.  Por ello, en un contexto inflacionario (a pesar de lo que sostengan Moreno y Boudou) que deprecia el contenido económico del crédito, la tasa pasiva no alcanza siquiera a mantener el valor de la deuda, y en consecuencia, no solo no cumple su función resarciria sino que, por el contrario, agrava el daño producido por la mora.
No debe confundirse “interés moratorio “que resarce el daño producido por la mora, con la “actualización “ monetaria, que es aplicable exclusivamente sobre el capital, modificando nominalmente su cuantía.
La doctrina que impone la aplicación de la tasa pasiva, resulta acentuadamente irrazonable, a raíz del retardo que padece la Administración de Justicia del Trabajo, circunstancia para nada ajena al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
La SCBA reconoce en sus decisiones que es necesario, al tiempo de dictar sus sentencias, ponderar las posibles y graves consecuencias de sus decisiones en el campo económico y social. Y en tal orden de ideas cabe destacar que ese “ plano Social “ comprende a los intereses y legitimas expectativas de los trabajadores y sus familias.
La aplicación de la tasa pasiva en materia laboral, afecta directamente la tutela judicial efectiva (Articulo 15 de la Constitución Provincial), hiere el servicio de justicia pues alienta el incumplimiento, ignora los postulados básicos que deben imperar frente a un reclamo laboral reconocido e insatisfecho, y desconoce la realidad (articulo 39 inciso 3 Constitución Provincial).
Aun comprendiendo las diferencias que existen entre una tasa legal y una judicial, la aplicación de la tasa pasiva sobre el crédito laboral en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires conduce a un resultado disvalioso adicional, en tanto lo principal, el crédito del trabajador, recibe un interés moratorio notoriamente menor que el que se aplica a su accesorio, representado por los honorarios de su letrado.
Todo ello, tiene por efecto natural, aumentar la litigiosidad en función de defensas practicadas por deudores que prolongando los juicios alcanzan efectos que agravian al principio general del derecho “alterum non laedere “, al prolongar en el tiempo la reparación de los daños a partir de un servicio de justicia lento e indiferente de los resultados de su procesar y libera a los dañantes, parcialmente y en virtud del tiempo transcurrido, de las consecuencias de sus actos.
Con la reforma del 94, la Constitución Nacional incorporo en el articulo 75 inciso 22 distintos tratados y convenciones internacionales con jerarquía supralegal, juntamente con el inciso 23 que dispone al congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos y por ultimo el inciso 24 de aprobar tratados de integración que respeten el orden democrático y los derechos humanos.
También la SCBA no tiene en cuenta las sentencias dictadas desde el año 2004 por Corte Suprema de Justicia de la Nación, a saber: Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA del 14/9/2004; Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. del 21/92004; Ferreya, Gregorio Porfirio c/ Mastellone Hnos S.A. del 28/6/2005; Madorran, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas del 3/5/2007; Silva, Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina S.A. del 18/12/2007; Torrillo, Atilio Amadeo y Otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro del 1/3/2009; Pérez, Aníbal c/ Disco S.A. del 1/9/09;Trejo, Jorge Elías c/ Sterna S.A. y otros del 24/11/2009; Rossi, Adriana Maria c/ Estado Nacional – Armada Argentina – del 9/12/2009; Benítez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otro del 22/12/2009; Pellejero, Maria Isabel s/ amparo s/ apelación del 7/12/2010; Álvarez, Maximiliano y Otros c/ Cencosud S.A. del 7/12/2010.
Sostenemos que la SCBA debe aplicar la doctrina de la CSJN no solamente por los fundamentos expuestos anteriormente, sino que la propia Suprema Corte considera vinculante la doctrina del Superior Tribunal por lo que estaría contradiciendo sus propios dichos.
Concluimos que la Suprema Corte de Buenos Aires deberá modificar su doctrina sobre la tasa en los juicios laborales para demostrar que están concientes de su tiempo en el Siglo XXI y no sigan sosteniendo principios y fundamentos conceptuales del precapitalismo que luego dieron origen al Derecho del Trabajo.
Toda demora en dicha decisión sera un agravio al trabajador, pero además fundamentalmente a los Derechos Humanos, siendo aplicable a dicho tribunal la sanción que impone la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales en su articulo 26, cuando los Estados Partes no cumplan con las normas internacionales a los cuales deben obediencia por ser parte de distintos organismos mundiales.
Esperamos que se ubiquen en nuestro tiempo y no regresen al túnel del tiempo que lo llevan a la caverna.

 

 

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