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EL SECLO INTERRUMPE LA PRESCRIPCION - FALLO CNAT SALA VI

Escrito por  Editor

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VI
Sallent Adrián c. Banco Itaú Buen Ayre S.A. 26/08/2009 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VI Fecha: 26/08/2009 Partes: Sallent Adrián C. Banco Itaú Buen Ayre S.A.     Dictamen del Fiscal General de Cámara: Excma. Cámara: V.E. solicita mi opinión acerca de las presentes actuaciones, luego de queel Máximo Tribunal dispusiera descalificar, por arbitrario, el fallo queluce a fs. 191 (ver fs. 389 y 397). En primer lugar, destaco que esta Fiscalía General mantiene lasconsideraciones vertidas en el dictamen que obra a fs. 189. Precisado ello, y con relación al cuestionamiento en torno a la validezconstitucional del art. 7 de la Ley 24635, señalo que mi Superior la Dra.Marta A. Beiró de Gonçalvez, Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema deJusticia de la Nación, tuvo ocasión de pronunciarse sobre la cuestión quenos convoca en el Dictamen emitido el 20/9/07 en autos "Lombardo HéctorRamón c/ BBVA Banco Francés S.A." (La Ley Online), por lo que me remito, enhomenaje a la brevedad, a los fundamentos allí expuestos adjuntando copia. En los términos que anteceden, tenga V.E. por evacuada la vista. BuenosAires, 23 de marzo de 2009. - Eduardo O. Alvarez. 2ª Instancia. - Buenos Aires, agosto 26 de 2009 La doctora Beatriz I. Fontana dijo: La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el pronunciamiento defs. 389/390 por el que admitió la pretensión recursiva de la parte actora,revocó la sentencia de la Sala VII de esta Cámara (fs. 189/191) que, conadhesión a los fundamentos del Dictamen Fiscal N° 40238, había confirmado laprocedencia de la excepción de prescripción opuesta por la demandada. En consecuencia, corresponde que esta Sala se pronuncie sobre el recurso deapelación oportunamente interpuesto por la parte actora a fs. 142 1/170,cuya réplica luce a fs. 174/180. El actor inició demanda con fecha 29 de agosto de 2003, reclamando lasindemnizaciones y rubros salariales que detalla en virtud del despidoincausado producido el 31 de agosto de 2000, y acredita haber dadocumplimiento al procedimiento de conciliación laboral obligatoria. A su turno, la demandada interpuso excepción previa de prescripción confundamento en lo dispuesto por el art. 256 LCT (fs. 65). Sustanciada la misma a fs. 85/99, y oída la representante del MinisterioPúblico a fs. 103, la sentenciante resolvió diferir el tratamiento de laexcepción para el momento de la sentencia (fs. 104), decisión que fue objetode revocatoria por la demandada a fs. 111/114. Finalmente a fs. 139 la Señora Juez "a quo" hizo lugar a la revocatoriainterpuesta, y en consecuencia resolvió la excepción de prescripción como deprevio y especial pronunciamiento, haciendo lugar a la misma por entenderque estaba cumplido el plazo del art. 256 LCT. Para así decidir, la sentenciante argumentó que lo que debía resolverse eneste caso era la interpretación que correspondía dar al art. 7 de la Ley24.635, esto es si el efecto allí previsto respecto de la prescripción es lasuspensión o la interrupción, cuestión que no es de hecho sino de derecho, ypor ello correspondía hacer lugar a la revocatoria. Entrando en el fondo de la cuestión, sostuvo la sentenciante que la normamencionada remite al art. 257 LCT solamente en lo que hace al plazo duranteel cuál se produce el efecto en cuestión. Pero que con relación al efecto ensí, esto es la suspensión o la interrupción, el mismo no es otro que lasuspensión tal como surge del Dictamen de la Fiscal Adjunta que cita en susconsiderandos. Por otra parte afirmó la a quo que el reclamo ante el SECLO no puedeconsiderarse equivalente a la constitución en mora a la que se refiere elart. 3986 del C.Civil, según jurisprudencia que cita en apoyo de su tesis. Por todo ello, teniendo en cuenta que el despido se produjo el 31 de agostode 2000, que el reclamo ante el SECLO se inició el 30 de agosto de 2002 yfinalizó el 13 de Septiembre de 2002, y la demanda se inició el 29 de agostode 2003, aún computando el plazo de seis meses de suspensión, lasentenciante concluyó que el reclamo se encontraba prescripto. Esa sentencia es la que ha dado lugar al recurso de la parte actora, quiense agravia fundamentalmente por dos cuestiones: A) el efecto que cabeasignarle al reclamo ante el SECLO -"interruptivo" conforme lo previsto porel artículo 257 de La Ley de Contrato de Trabajo; o "suspensivo" deconformidad con lo normado por la ley 24.635 en su artículo 7-; y B) porentender que al reclamo formulado por ante el SECLO se le debe otorgar elcarácter de una constitución en mora del deudor en forma auténtica en lostérminos del art. 3986, 2do párrafo del Código Civil y en consecuencia estara los efectos allí previstos. La segunda de las cuestiones planteadas -reclamo ante el SECLO con carácterde constitución en mora conforme art. 3986 C.Civil-, ha sido zanjada en elÍnterin por el fallo plenario nro. 312 de esta Cámara Nacional deApelaciones del Trabajo, de fecha 6 de junio de 2006, recaído en autos"Martínez, Alberto c/YPF s/ part. Accionariado obrero", oportunidad en lacuál se resolvió en contra de la pretensión del recurrente. En consecuencia,atento la obligatoriedad de tal doctrina conforme lo establecido por el art.303 CPCCN, considero que la queja en este punto no resulta atendible. Con relación a la primera cuestión objeto de agravios, esto es si el reclamoante el SECLO debe tener efecto suspensivo o interruptivo del plazo deprescripción, la recurrente destaca que existen dos corrientes de opinión:por un lado la que efectúa una interpretación eminentemente literal del art.7 Ley 24.635 y en consecuencia afirma que la remisión al art. 257 LCT essolamente con relación al plazo, mientras que el efecto es el que dispone laprimera de las normas citadas, o sea la suspensión, corriente en la que seenrola el Dictamen de la Fiscal Adjunta Dra. Kunath recaído en el caso"Verón" que fuera citado por la sentenciante a fs. 139. Por otro lado, menciona la existencia de otra corriente que postula que elreclamo administrativo ante el SECLO interrumpe la prescripción, y afirma larecurrente que esta corriente interpreta la norma indagando lo que la mismadice en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídiconacional, tal como lo postula la Corte Suprema de Justicia de la Nación enlos precedentes que cita a fs. 147 vta. En ese sentido, reitera lasopiniones doctrinarias de Juan Carlos Fernández Madrid y de Carlos AlbertoEtala, que ya habían sido mencionadas en la presentación de fs. 85/90,quienes afirman que no cabe distinguir entre el reclamo administrativoimpuesto como exigencia previa a la instancia judicial, y el quevoluntariamente formula el trabajador. A ello agrega la parte actora laopinión de Juan C. Dupuis en su obra ""Mediación y Conciliación" que cita afs. 148, quien luego de destacar la contradicción existente entre lanormativa de fondo y la ley de forma, sostiene que frente al choquenormativo deberá prevalecer la ley de fondo. En el mismo sentido, en el segundo agravio vertido, la parte actora cita laopinión de Silvio Saidman en su nota "Reclamación ante el SECLO ¿interrumpeo suspende la prescripción?", (JA 2000-III-1039), quien en lo que interesasostiene que el efecto interruptivo del reclamo se encuentra avalado por elart. 257 LCT; por el fallo de la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Airesen los autos "Aliaga, Octavio y otros v. Bertrán Hnos. y Cía."; y por elfallo Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en autos "DiTroilo, Pedro c. Empresa Editorial Haynes Ltda. S.A." (Plenario N° 52 del10/6/1959). A todo ello agrega la recurrente lo afirmado por Falcon y Trionfetti conrelación a los principios generales aplicables entre los que se destaca quela prescripción debe interpretarse en sentido restrictivo y en caso de dudadebe estarse al mantenimiento del crédito; que en todo caso entre dos normasaplicables corresponde privilegiar la que es más favorable al trabajador; yque desde la jerarquía de las normas, se debe privilegiar la ley de fondosobre la ley de forma ("Ley de Conciliación Obligatoria" pág. 47). Seguidamente, la recurrente desarrolla las críticas que considera relevantesrespecto de la posición que sostiene el efecto suspensivo, explicando porqué en su opinión dicha corriente se aparta de las reglas de hermenéuticareceptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por esos y losdemás fundamentos que expone, solicita se revoque la sentencia apelada. Adelanto desde ya que en mi opinión asiste razón al recurrente. La llamada "prescripción liberatoria", que es la que da sustento alconflicto sometido a examen, tiene lugar "por el solo silencio o inaccióndel acreedor, por el tiempo designado por la ley" y su consecuencia es queel deudor queda libre de toda obligación (conf. art. 4017 C. Civil). El curso de la prescripción que está pendiente desde el nacimiento de laacción respectiva, puede verse alterado por dos fenómenos diversos entre sí:la suspensión y la interrupción de la prescripción. Enseña Llambías que la suspensión consiste en la detención del tiempo útilpara prescribir por causas concomitantes o sobrevinientes al nacimiento dela acción en curso de prescripción. Mientras actúa la causa que opera lasuspensión, el lapso que transcurre es inútil para prescribir, pero encuanto dicha causa cesa de obrar , el curso de la prescripción se reanuda,sumándose al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión (conf.art. 3983 C.Civil). Por el contrario, la interrupción inutiliza el lapso transcurrido hasta esemomento. Consiguientemente, acaecido un hecho interruptivo de laprescripción, se requerirá el transcurso de un nuevo periodo completo sinpoderse acumular el periodo anterior (conf. art. 3998 C.Civil). Las causas legales que dan lugar a la suspensión de la prescripción según elDerecho Civil, están relacionadas con la existencia del matrimonio (art.3969 C.Civ.); con el heredero que aceptó la herencia con beneficio deinventario, respecto del crédito que tenga contra la sucesión (art. 3972C.Civ.); con la existencia de tutela y cúratela, respecto de reclamos entretutores y curadores y sus pupilos y curados (art. 3973 C.Civ.); además de loprevisto en los arts. 3982 bis y 3986 segundo párrafo del C.Civil. Por el contrario, las causas que dan lugar a la interrupción de laprescripción son: a) la demanda instaurada por el acreedor contra el deudor(conf. art. 3986 C.Civ.); b) el reconocimiento de la obligación hecho por eldeudor (conf. art. 3989 C.Civ.); y c) el compromiso arbitral celebrado porlas partes (conf. art. 3988 C. Civ.). Es decir que la suspensión tiene como fundamento que el acreedor no puededesplegar la actividad necesaria para mantener vivo su derecho, y que elimpedimento que padece ha sido considerado justificado por el legislador.Mientras que la interrupción es consecuencia directa de la actividad de laspartes, cuya conducta pone de relieve la subsistencia del vínculo que lasune. Por ello, se advierte una diferencia entre las situaciones suspensivasproducto de una inactividad justificada del acreedor, y los actosinterruptivos, que son consecuencia directa de la actividad desplegada porlas partes. La redacción del art. 3986 modificado por Ley 17.711 no deja lugar a dudasrespecto del efecto interruptivo que cabe otorgar a la demanda judicial.Pero la doctrina y la jurisprudencia se han preguntado qué debe entendersepor "demanda" a los fines interruptivos de la prescripción. En ese sentido, Borda analiza el efecto adjudicado por la jurisprudencia alas "gestiones administrativas" y destaca la existencia de tres tendencias:quienes niegan terminantemente a dichas gestiones el efecto interruptivo;quienes admiten el efecto interruptivo de la prescripción solamente cuandodichas gestiones tienen el carácter de instancia previa y necesaria parainterponer la demanda; y quienes admiten lisa y llanamente el efectointerruptivo de las gestiones administrativas, sean o no instancia-previaineludible (Tratado de Derecho Civil, Obligaciones T. II, Sexta Edición,Editorial Perrot, pág. 40/41). Entre estos últimos, menciona Borda la doctrina establecida por el FalloPlenario N° 52 de esta Cámara de Apelaciones del Trabajo, que por el votounánime de sus miembros dispuso que "La reclamación administrativainterrumpe la prescripción de las acciones judiciales por cobro desalarios". El entonces Procurador General Dr. Sureda Graells al dictaminar en dichoplenario, destacó como una de las finalidades perseguidas por el derecho deltrabajo la solución de conflictos, tanto colectivos como individuales,mediante avenimientos o procedimientos conciliatorios, y señaló que unorganismo administrativo como el Ministerio de Trabajo se encuentralegalmente habilitado para efectivizar dicha finalidad. Por esa especificidad propia de nuestra materia, afirmó entonces que eltérmino demanda del art. 3986 C.Civil "debe ser interpretado en sentidogramatical, en cuanto representa solicitud, petición, súplica y no con laestrictez que se desprende de su acepción procesal, circunscripta a laactividad específicamente judicial, vale decir toda ejecución de un acto quesin lugar a dudas trasunte un deseo de voluntad de ejercitar un derecho quela inacción y el transcurso del tiempo pueda hacerlo perder,extinguiéndolo". En ese orden de ideas, sostuvo el Dr. Sureda Graells que "la presentacióndel trabajador ante el Ministerio de Trabajo, por sí o por intermedio de unasesor gremial, en procura del reconocimiento de un derecho del que fueretitular, ... tiene todas las características de una demanda, en cuanto estapueda significar actividad, diligencia puesta en movimiento, para evitar queel transcurso del tiempo pueda extinguir el derecho que asiste al titular". Los Dres. Miguez y Videla Morón destacaron que es la ley la que otorgacompetencias al Ministerio de Trabajo para intervenir en instanciasconciliatorias, y por ello consideraron que las actuaciones o reclamacionesrealizadas ante esa autoridad administrativa en materia de derecho laboralproducen efecto interruptivo de la prescripción, por tratarse de instanciaconciliatoria determinada por la ley, y en caso de negársele ese efecto sedestruiría la razón de ser de la misma. El Dr. Allocatti por su parte comenzó señalando que las normas del C.Civilsobre el punto (arts. 3984, 3985 y 3986 anteriores a la reforma de la Ley17.711), habían tratado la interrupción de la prescripción teniendo encuenta esencialmente la prescripción adquisitiva, y remite a un fallo delDr. Argañaras como miembro de la Suprema Corte de la Provincia de BuenosAires en el cuál sostuvo que "Esto no excluye ... que nuestra jurisprudenciahaya aplicado a la prescripción liberatoria lo que en el art. 3986 sedispone para la adquisitiva, admitiendo por extensión que la demanda enjusticia sirve también como acto interruptivo de las acciones personales....Pero lo expuesto viene a demostrar que si la demanda en justicia viene a serútil para la extinción de la prescripción extintiva, no tendría para ésta elcarácter limitativo que para la prescripción adquisitiva le asigna el art.3986 C.Civil, ...por lo que este texto legal no podría oponerse eficazmentepara excluir otros actos que, sin ser una demanda, deben aceptarse comoactos equivalentes, interruptivos de la prescripción liberatoria en cuantorevelan la formal intención del acreedor de mantener activo su derecho,procurando con ello que la prescripción no se cumpla (conf. art. 4017 Cód.Civil)". Por ello, el Dr. Allocatti también se pronunció por el carácter interruptivode las actuaciones administrativas ante el Ministerio de Trabajo, en tantodemuestran que no ha existido silencio o inacción del trabajador (conf. art.4017 C.Civil). Esa interpretación amplia es evidentemente la que ha prevalecido en laredacción de la norma contenida en el art. 257 LCT, en tanto expresamentereconoce efecto interruptivo de la prescripción a "la reclamación ante laautoridad administrativa del trabajo", si bien limitando dichos efectos alplazo máximo de seis meses, solución que resulta razonable a fin de nogenerar incertidumbre en las relaciones jurídicas. Ahora bien, la Ley 24.635 (B.O. 3/5/96) llamada "Ley de instanciaobligatoria de conciliación laboral", estableció en su art. Io que "Losreclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre conflictos dederecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, serándirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial" ante elServicio Laboral de Conciliación Obligatoria dependiente del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social, creado por el art. 4o del mismo cuerponormativo. El art. 7o de la Ley 24.635 en su segundo párrafo estableció que lapresentación del reclamo ante ese organismo "suspenderá" el curso de laprescripción por el término que establece el art. 257 LCT, dando lugar conello al conflicto planteado por la parte actora en estos actuados. Por ello, para resolver la cuestión sometida a esta alzada, es necesarioestablecer si el procedimiento obligatorio regulado por la Ley 24.635constituye o no un acto interruptivo de la prescripción. En el orden de ideas esbozado a lo largo del presente, corresponde destacarante todo que aún cuando el carácter obligatorio de la instanciaconciliatoria pueda ser considerado un impedimento temporal del acreedorpara iniciar la demanda judicial -lo cuál permitiría considerar justificadoel efecto suspensivo que otorga el art. 7o Ley 24.635-, lo cierto es que lamisma forma en que está estructurado legalmente dicho procedimientodemuestra en mi opinión que el mismo requiere de una actividad del acreedorque revela su voluntad de ejercitar su derecho, impidiendo que el mismo seextinga. En efecto, el propio Título III de la Ley 24.635 se titula "Demanda deConciliación", denominación que resulta relevante si tenemos en cuenta quedicho título comienza con el controvertido art. 7o que en su primer párraforegula la formalización del reclamo ante el Servicio de Conciliación. Los arts. 8 a 11 de la Ley 24.635 demuestran otras similitudes con elproceso judicial, en tanto contemplan la asignación por sorteo delconciliador, los casos de excusación y recusación del mismo, y lasincompatibilidades que lo limitan en lo que atañe al asesoramiento,representación y/o patrocinio de las partes. El art. 22 de la Ley 24.635 dispone que en caso de arribarse a un acuerdoconciliatorio, el mismo se someterá a la homologación del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social, que la otorgará cuando entienda que el mismoimplica una justa composición del derecho y de los intereses de las partesconforme lo previsto por el art. 15 LCT. A su vez, el art. 26 ley 24.635 considera el acuerdo homologado un títuloejecutable por el procedimiento de ejecución de sentencia de la Ley 18.345. A mayor abundamiento, es importante recordar que el Título IX de la Ley24.635 prevé la posibilidad de que las partes sometan el diferendo a unarbitraje voluntario, suscribiendo el correspondiente compromiso arbitral,lo que debe ser evaluado de acuerdo con lo dispuesto por el art. 3988 C.Civi

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